El sistema especial de prestaciones para las personas con discapacidad, y se compone de un conjunto de prestaciones económicas y una prestación social destinadas a proteger a las personas con discapacidad que, por no desarrollar ninguna actividad laboral, no están comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social.
Entre las prestaciones económicas destacan:
- Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM): una ayuda económica que se concede a aquellas personas con discapacidad que no tienen suficientes recursos económicos para vivir de forma autónoma.
- Subsidio por ayuda de tercera persona (SATP): una prestación económica que se concede a aquellas personas con discapacidad que necesitan ayuda de otra persona para realizar las tareas de la vida diaria.
- Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte (SMGT): una ayuda económica que se concede a aquellas personas con discapacidad que tienen dificultades para desplazarse y necesitan utilizar medios de transporte especiales.
Además, también se encuentra la siguiente prestación social:
- Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica (ASPF): un conjunto de servicios y prestaciones sanitarias que se conceden a aquellas personas con discapacidad para mejorar su salud y bienestar.
En cuanto a la responsabilidad de garantizar estas prestaciones, es una obligación del Estado y de los poderes públicos proporcionar los cuidados médicos y psicológicos necesarios, así como la rehabilitación adecuada y los recursos económicos para facilitar la integración laboral y social de las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, proporcionando la tutela necesaria a las personas que lo necesiten.